Reflexiones sobre la financiación de la educación superior pública en Colombia
Por Lorenzo Portocarrero Sierra
Rector del Tecnológico de Antioquia I.U.
PhD en Administración.
Cuándo será el día del desagravio para pensar y actuar, de manera propositiva y con sentido de unidad, por el bien de Colombia y de la gente que ocupa las esferas de la sociedad, mediante acciones que desarraiguen la estigmatización sobre nuestros semejantes. Un asunto difícil si no nos desprendemos de suspicacias y egoísmos, con pensamientos que nos tienen en el límite de la esquizofrenia colectiva, propios de un mundo que se debate en la angustia de la quimera jamás registrada en la historia de la humanidad.
Las situaciones complejas, en materia socioeconómica, contrastan con la riqueza cultural, natural, ambiental y humana, en contextos diversos. Por ello, es un momento oportuno para reconocer que las personas son buenas, responsables, serias y dignas de fiar. En el Congreso de la República, las asambleas departamentales, concejos municipales y las instituciones públicas hay servidores honorables; las altas cortes del país están integradas por juristas éticos, letrados y respetables; los gobiernos nacional, departamental y municipal están compuestos por hombres y mujeres con un alto compromiso público; las fuerzas militares, tanto el ejército como la policía congregan efectivos con civilidad. En general, contamos con gente trabajadora, con ansias de paz y progreso, entonces, para qué seguir martirizándonos pensando y repensando que toda la sociedad es proterva; mi molde de patrones familiares y académicos, no lo entiende así.
Los colectivos de estudiantes, profesores, empresarios, trabajadores, líderes, investigadores, profesionales, políticos, periodistas y miembros de diferentes grupos de opinión están integrados por ciudadanos dignos de admiración, de gran decoro que quieren a su país y, con seguridad, están en capacidad de entregarlo todo por el bienestar y un futuro alentador para nuestra amada patria. Los diversos actores sociales, por consiguiente, estamos llamados a conjurar la arraigada polarización que da al traste con las buenas intenciones de quienes, día a día, queremos construir una nación promisoria, con mayor dignidad y equidad, en el marco de la institucionalidad y la justicia.
Si ponemos de nuestra parte y dejamos las mezquindades de lado, Colombia debe ser el faro del desarrollo latinoamericano, ya que tiene las fortalezas para lograrlo: capital intelectual y productivo; sistema de educación preuniversitario y universitario, ejemplo para la región; desarrollo investigativo y tecnológico en crecimiento constante; un sector primario de la economía con mucha potencialidad; así como un fuerte sistema financiero en el mercado de capitales; es decir, las condiciones están dadas, todo depende de estructurar en el contexto un mayor posicionamiento de los pilares sociales, económicos y ambientales. Lo anterior, se puede capitalizar, sin duda, con buenas prácticas de gestión pública y privada, cultura ciudadana, convivencia apacible, buenas relaciones interpersonales y confianza en nuestros dirigentes y ciudadanía.
Mi llamado, desde estas modestas reflexiones, es a reencontrarnos en el bien común, a creer en los demás, apoyar las ideas y decisiones que enriquezcan la visión positiva y constructiva de las actuales y próximas generaciones. Es una posición debatible pensar que todas las ejecutorias del gobierno o de cualquier instancia de los tres poderes del Estado son inmorales, indecorosas, grotescas o corruptas; las personas están llenas de buenas intenciones, pero como seres humanos somos proclives de errores; ello no hace la regla, es una excepción.
Independiente del credo religioso u orientación política que se tenga, al final del día, todos, absolutamente todos, debemos rendir cuenta a la vida y, en ella, estarán presente las buenas acciones: verdad, justicia, caridad, perdón, compasión, solidaridad, así como el proceder con nuestros semejantes. Esa es la ley de la humanidad, del trato que dieres, así serás tratado. Son estas algunas de las razones que deberían guiar la conducta y comportamiento en los escenarios de los foros democráticos resilientes; con la mente puesta en la construcción colectiva y no en el señalamiento y linchamiento moral, como acciones vanas que atropellan la dignidad humana. Es, entonces, el examen riguroso de cada quien, en el manejo de lo público, el que debe guiar y motivar el actuar en función de encaminar el rumbo hacia la dirección acertada, cuya vía debe ser el sendero de la paz, la reconciliación y la hermandad.
Con este preámbulo, animado por una postura personal y respetuosa de las divergencias, como apasionado de la gestión académica, el presente artículo de opinión centra su cometido en reconocer e indicar la actual situación por la que se debate el país en el tema de apoyo a la financiación de la educación superior pública en Colombia. Al respecto, el gobierno actual está ejecutando la mayor apuesta desde la implementación de la Ley 30 de 1992, de la educación superior. Es decir, se pueden recapitular acciones concretas y de alto impacto en la cobertura de la población que se educa en las Instituciones de Educación Superior Pública —IESP—, para entender y comprender los compromisos serios, éticos y responsables del Ministerio de Educación Nacional —MEN—, los cuales se referencian a continuación.
Las universidades oficiales (33, activas 32), establecimientos públicos (32, activos 30), estudiantes, profesores y administrativos dan fe del apoyo financiero y trabajo colaborativo por parte del gobierno nacional a través del MEN, encaminado a la sostenibilidad del sistema de educación superior público del país, que a la fecha cuenta con 85 instituciones, incluyendo las de carácter especial (Militares, ESAP, SENA, entre otras).
A pesar de la identificación normativa de las tipologías de IESP, su naturaleza y características, se siguen empleando expresiones e interpretaciones por fuera del contexto de la educación superior pública. Lo anterior, porque de manera general en el ideario de muchas personas se cree que sólo existen las universidades en el sistema de educación superior del país. Se desconoce, en muchos casos, que coexisten las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas —I.U.—. De acuerdo con la ley, estas I.U. pueden ofertar programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios, además, en el nivel de posgrado: especializaciones, maestrías, inclusive, doctorados; así como tener grupos de investigación clasificados en Minciencias (antes Colciencias) en el top (A1 y A).
Hacen parte del mismo sistema las Instituciones Tecnológicas —I.T.— (nueve, de las cuales ocho están activas) y las Instituciones Técnicas Profesionales —I.T.P.— (cinco); es decir, las tres categorías de IES que no tienen carácter académico de universidad, también hacen parte del sistema de educación superior público del país y son fundamentales para el crecimiento del sector. Las mismas (oficiales), atienden, según datos (Snies, 2018): 153.333 estudiantes del total de 778.829, sin contar los educandos del SENA.
Ahora bien, respecto a los recursos dispuestos por el gobierno nacional para la financiación de la educación superior pública de Colombia, en la vigencia fiscal 2020, se registra lo siguiente: las universidades recibirán $3,38 billones de pesos de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30 de Educación Superior, más $41,022 millones por el artículo 87 de la misma normativa. Igualmente, percibirán $370.943 millones por concurrencia pensional y $93.060 millones por estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia” (Ley 1697 de 2013). Se agregan los $38.146 millones correspondientes a la devolución de descuentos por votaciones; más $131.000 millones por ajustes de cuatro puntos adicionales al IPC para el año 2020, que hacen base presupuestal. Es decir, el aporte a las universidades del Presupuesto General de la Nación, por los conceptos referidos, en el presente año alcanzará un monto aproximado de $4.054.000.000.000 (Cuatro billones cincuenta y cuatro mil millones de pesos), que seguramente permitirá con su eficiente, eficaz y racional manejo, un buen desempeño en el horizonte misional.
Cabe anotar que todos los recursos asignados a estos centros de estudios superiores son fondos de ley que permiten el giro ordinario de los mismos, orientados a su funcionamiento normal. Dichos dineros son justos y más que necesarios para la formación con calidad de buenos ciudadanos en las universidades, gracias al esfuerzo del gobierno por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Ministerio de Educación Nacional, mediante una gestión que, se torna compleja al momento de identificar las fuentes de financiación y su materialización para atender las políticas de sostenibilidad financiera. Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Ley 1955 de 2019) se incluyen recursos adicionales, tanto para las universidades como para 18 de los 30 establecimientos públicos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; en la misma ley del plan se fijó el artículo 183 para que los restantes 12 establecimientos públicos tengan la posibilidad de recibir aportes recurrentes del orden nacional.
Se indica, además, que las universidades entre los años 2020-2022 recibirán, respectivamente, 4.0, 4.5 y 4.65 puntos adicionales al IPC, que incrementa la base presupuestal, los cuales también aplican para las IESP con carácter de establecimientos públicos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Para el caso de estos últimos, les corresponde una partida aproximada de $3.925 millones, por concepto de ajuste de 4 puntos adicionales al IPC, que van a la base presupuestal, los cuales suman al aforo permanente o estructural que hace el gobierno nacional a estas instituciones, que llega a $130.000 millones, aproximadamente, en el presente año. Desde luego merecidos, también, para la buena marcha de estas IESP que juegan un rol capital en el desarrollo académico del país.
“Obras son amores, y no buenas razones”, refrán que se ajusta no solo a la voluntad sino a la realidad por parte del gobierno que dispone las políticas y el accionar en la educación superior de calidad, como una de las salidas que tienen los jóvenes para alcanzar mejores escenarios de futuro, componente incluido en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
Para las instituciones, sin categoría de universidad, con la denominación de establecimientos públicos, que tienen una cobertura aproximada del 20% del total de los estudiantes en el sistema de educación superior pública, entre ellos, 12 que no reciben recursos recurrentes de la nación, el MEN hace ingentes esfuerzos financieros para asignar dineros con fuentes limitadas. Este año (2020) se les entregará un monto de $16.792 millones para funcionamiento a las 12 IESP, que buscan aliviar el giro ordinario de sus operaciones para el ejercicio académico que les corresponde; desde luego, esta suma no hace base presupuestal. El año anterior, el esfuerzo del Estado por este concepto fue de $15.665 millones. De igual manera, para las 32 universidades y los 30 establecimientos públicos, el gobierno distribuirá $200.000 millones orientados a mejoras en la inversión por medio de planes de fomento, los cuales tendrán una distribución, seguramente, de 75% y 25% para universidades y establecimientos públicos, en ese orden, tal como se dio en 2019, cuando el MEN aportó en esta misma línea la suma de $100.000 millones.
Igualmente, con recursos adicionales, el MEN ha establecido la cuantía de $150.000 millones para aliviar, en gran medida, el saneamiento de pasivos de todas las Instituciones de Educación Superior Públicas, que podrían distribuirse con un 78% y 22% para las universidades y establecimientos públicos, respectivamente. Pueda ser que con el esfuerzo que viene realizando la alta dirección del Ministerio de Educación Nacional y su equipo técnico, como la generosa comprensión por parte de los rectores del Sistema Universitario Estatal —SUE—, la proporción sea más equitativa dada la búsqueda permanente de calidad por parte de todas las IESP que integran el sistema. El año anterior, la cifra entregada por este mismo concepto fue $250.000 millones y su distribución se dio en los porcentajes referidos.
También, según el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, última reforma tributaria, se giró un valor por el orden de $58.653 millones, distribuidos en 65% para las universidades y 35% para los establecimientos públicos. En 2019 esta partida fue aproximadamente de $37.000 millones, con una distribución de 70 y 30 por ciento para universidades y establecimientos públicos, en ese orden. Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional desembolsará recursos adicionales, por los cuatro conceptos descritos (aportes para funcionamiento de las 12 IESP, planes de fomento, saneamiento de pasivos y artículo 142 Ley 1919 de 2016 – excedentes de cooperativas) un monto cercano a los $425.445 millones. El año anterior, por estas mismas consideraciones, el MEN giró la suma de $402.665 millones.
De igual forma, el gobierno nacional dispuso recursos provenientes del Sistema General de Regalías para los años 2019 – 2020 por $1.5 billones, distribuidos en $1 billón para infraestructura de los cuales se asignaron el año pasado $230.000 millones, quedando para la vigencia fiscal 2020 el valor de $770.000 millones. Por su parte, para becas bicentenario y fortalecimiento a la investigación se establecieron $250.000 millones en 2019, y para el año en curso se cuenta con la misma partida. Al total de estos recursos accedieron tanto las universidades como los establecimientos públicos, estos últimos pertenecientes a la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias —REDTTU—. Se destaca, también, como voluntad manifiesta del gobierno nacional, la Ley 2019 de febrero 28 de 2020, por medio de la cual se reconocerá el ciento por ciento de los descuentos electorales que dan las IESP a los estudiantes sufragantes, lo que implicará un monto cercano de $40.000 millones, adicionales a lo que se entregaba por este concepto a las universidades. Esta ley iniciará su aplicación a partir del año 2021 para todas las instituciones oficiales de educación superior.
Se resalta que el MEN ha propuesto la formulación de un Plan de Fortalecimiento Institucional —PFI 2020-2022— para que cada IES, de acuerdo con su Plan de Desarrollo Institucional y las condiciones para asumir la situación actual, en el marco de la autonomía responsable, defina el uso estratégico de los recursos adicionales, con la finalidad de aportar a la calidad y el bienestar de sus comunidades educativas en los territorios. Los objetivos de dicha política son: prevenir la deserción y promover el bienestar, aumentar la presencia regional, fortalecer la oferta de maestrías y doctorados y consolidar condiciones de calidad institucional y de programas (MEN, 2020).
Al respecto, plasmo el sentir de reconocimiento por parte del G7+D de Medellín, Antioquia, que agrupa siete Instituciones Universitarias y una Institución Tecnológica: ITM, Pascual Bravo, Colegio Mayor de Antioquia, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia, I.U. Digital de Antioquia, I.U. de Envigado y la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. A dicha valoración se suman los otros rectores que hacen parte de la REDTTU, destacando el apoyo del MEN con las IESP que no tienen carácter académico de universidad. Los recursos permiten un respiro a las operaciones del funcionamiento institucional, que impactan de manera positiva el trabajo de las organizaciones educativas y sus objetivos misionales.
Se tiene la esperanza, manifiesta en la voluntad del ejecutivo, para que la decisión plasmada en el artículo 183 de la Ley 1955, conocida como ley del plan, se materialice lo más pronto posible, permitiendo a todos los establecimientos públicos, sin asignación presupuestal de la nación, la fijación de una partida permanente ajustada con el IPC más los puntos adicionales que correspondan, tal como la tienen las universidades y algunos establecimientos públicos. Lo anterior, corrige las asimetrías que se presentan en el sistema de educación superior público colombiano, haciendo justicia con estas IESP, que en buena hora forman profesionales, principalmente, en los campos técnico profesional y tecnológico. Sobre el tema ya se dio el primer paso, al establecer el soporte jurídico en el Plan de Desarrollo para la formalización de las asignaciones presupuestales para este tipo de instituciones.
En tal sentido, las acciones de acompañamiento a las IES y las comunidades académicas son evidentes en el sistema de la educación superior pública, por parte del Estado, que se integran a organismos como el Icetex, con mayores esfuerzos en escenarios de crisis y sentidas necesidades. Entre estas, se enuncian las primeras ejecuciones del Proyecto de Reforma Integral del organismo mediante la implementación de incentivos para los usuarios y sus familias, acciones de corto y mediano plazo que buscan responder a las problemáticas de pago y permanencia en la educación superior para 120.000 colombianos. Del mismo modo, se concretó un plan de alivios para los deudores del Icetex, con beneficios como el período de gracia en cuotas de créditos, la disminución transitoria de la tasa de interés al valor de IPC, la ampliación de plazos en los planes de amortización y el otorgamiento de nuevos créditos para cubrir, sin deudor solidario, las necesidades de más de 100 mil estudiantes para el segundo período de 2020.
Así mismo, se destacan programas gubernamentales de alto impacto como Jóvenes en Acción por medio del Departamento de Prosperidad Social —DPS— y Generación E, que apuntan a la demanda de las familias y estudiantes de menores recursos para el acceso a la educación superior; a la vez se hace alusión a la convocatoria Minciencias para el fortalecimiento de la investigación de las IESP, con una partida de $78.500 millones del Presupuesto General de la Nación.
Recientemente, el presidente de la República, Iván Duque Márquez y la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, anunciaron (13 de mayo de 2020), nuevas medidas para brindar apoyos financieros, entre otras, a las Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de mitigar la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. Se presentaron acciones como: créditos en condiciones especiales a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG); creación del Fondo Solidario para la Educación; ampliación del Plan de Alivios Icetex (disminución de intereses al IPC, período de gracia, ampliación de plazos de amortización y nuevos créditos sin codeudor) y apoyo a la financiación de un porcentaje del valor de la matrícula de los estudiantes prioritariamente de estratos 1 y 2 de las IESP. Al respecto, indicó el mandatario de los colombianos: “Se mantiene el compromiso con el desarrollo de la educación y el futuro de Colombia, al mismo tiempo que se avanza en la implementación de estrategias que afianzan el acceso, la permanencia y el bienestar de estudiantes en los procesos formativos en todos los niveles y fortalecen la sostenibilidad de las instituciones educativas en todo el territorio nacional en medio de la emergencia sanitaria” (MEN, 2020).
Desconocer el apoyo estatal frente a la financiación de la educación superior puede entenderse como carencia de información o de argumentos. Debemos ser coherentes con el esfuerzo que ha hecho la nación. Los mismos rectores de las universidades públicas congregados en el Sistema Universitario Estatal —SUE— son testigos de excepción de la forma manifiesta y efectiva del MEN para apoyar la sostenibilidad del sistema de educación superior público; igualmente, la REDTTU, que congrega 30 establecimientos públicos activos, a través de los representantes legales de las instituciones, da fe de la voluntad del gobierno actual que, en honor a los hechos, en los 28 años de existencia de la Ley 30 de 1992 ha tenido el más alto compromiso.
Por todo lo anterior, se indican acciones fehacientes que se constituyen en el mejor activo de las personas cuando se reflexiona con circunspección; en el caso particular, sobre un tema cuyo análisis congrega a los diversos actores académicos y sociales, cual es la financiación de la educación superior pública en Colombia, cuya variable es el pilar de la sostenibilidad de las IESP del país, en el marco de las 3E + C: Eficiencia, Eficacia, Economía y Calidad. Es pertinente afirmar, también: de nada sirven los recursos, por grandes que sean, si no hay en las IESP ponderados gerentes o directivos para el manejo responsable, prudente y racional con la premisa de cumplir la misión de las organizaciones educativas, en la búsqueda inquebrantable de progreso para las presentes y próximas generaciones.