¿Qué debe cambiar en Antioquia para que una persona con discapacidad pueda estudiar, comunicarse, desplazarse, trabajar y vivir con autonomía en igualdad de condiciones? Esta pregunta reunió a estudiantes, docentes y otros integrantes de la comunidad académica del TdeA durante el Encuentro Intersectorial de Educación para la Actualización de la Política Pública de Discapacidad del Departamento de Antioquia.
El espacio fue desarrollado mediante un trabajo articulado entre el programa Pluridiversos del TdeA y la Dirección de Personas con Discapacidad de la Gobernación de Antioquia. A través de una conversación abierta y un ejercicio participativo, las y los asistentes identificaron las barreras que todavía limitan el ejercicio de derechos y plantearon alternativas que serán incorporadas al proceso de actualización de la política departamental.
Una hoja de ruta construida con las personas
La actualización de la Política Pública de Discapacidad busca definir la hoja de ruta que orientará durante la próxima década las acciones del Departamento para responder a las realidades actuales de las personas con discapacidad.
Diana Patricia Salinas Arango, profesional del equipo de la Dirección de Personas con Discapacidad y participante del proceso de actualización de la política, explicó la diferencia entre este instrumento y los planes de desarrollo que orientan las acciones de cada gobierno.
“Una política pública no es un plan de desarrollo. Los planes en Colombia se elaboran para cuatro años; las políticas públicas tienen una temporalidad más amplia y atienden un problema público. En este caso, la actualización nos exige preguntarnos qué necesita Antioquia en el presente y qué debemos atender pensando en los próximos diez años. Este encuentro hace parte de la pregunta dirigida a la educación superior: ¿qué consideraciones tenemos para atender el problema público de la discapacidad y garantizar los derechos de las personas con discapacidad?”, señaló.
El proceso contempla una revisión y análisis documental, la participación de actores clave, la estructuración del problema público y, posteriormente, la interlocución y definición de acuerdos. El encuentro en el TdeA aportó especialmente a la construcción colectiva del problema que deberá atender la política.
Este proceso departamental se desarrolla en un contexto nacional marcado por la aprobación, el 9 de junio de 2026, del CONPES 4198, Política Nacional de Discapacidad 2026-2035. Su propósito es avanzar en la superación de las barreras que obstaculizan el goce efectivo de los derechos y la construcción de una vida digna, autónoma e independiente, en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación.
Participar también es transformar la educación
Para Laura Cárdenas Arciniegas, coordinadora del programa Pluridiversos del TdeA, la participación de la comunidad académica en este proceso permite que la experiencia acumulada por la Institución en educación inclusiva dialogue con las decisiones públicas del Departamento.
“Este trabajo articulado es también una apuesta por seguir conversando con la ciudad, con el departamento y con el país. Construimos universidad y transformamos procesos de educación superior, de calidad e incluyente, a través de los vínculos que establecemos con entidades públicas, privadas y con la ciudadanía. Que nuestra comunidad pueda participar en políticas públicas es fundamental, porque allí se concreta la incidencia”, expresó.
La coordinadora destacó que la educación inclusiva que promueve el TdeA tiene como eje central la participación de las personas con discapacidad y de otros grupos poblacionales diferenciales. De esta manera, estudiantes y demás integrantes de la comunidad no son únicamente destinatarios de las decisiones institucionales y gubernamentales, sino actores que pueden contribuir a su formulación y transformación.
Cinco barreras que todavía cierran puertas
Durante el taller, las personas participantes trabajaron en identificar las barreras críticas que no han recibido atención y requieren una intervención inmediata. Del conjunto de experiencias y propuestas surgieron cinco núcleos principales de barreras. El primero fue el actitudinal y sociocultural, relacionado con la discriminación, los prejuicios, la infantilización y la idea de que las personas con discapacidad tienen menos capacidades o deben ser tratadas desde la lástima.
El segundo reunió las barreras comunicativas y lingüísticas: la falta de intérpretes, el desconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana y la ausencia de información disponible en formatos accesibles. El tercero correspondió a la accesibilidad física y digital, reflejada en espacios sin rampas o condiciones adecuadas de ingreso, señalización podotáctil instalada incorrectamente, ausencia de textos en braille o macrotipo y trámites digitales que excluyen a quienes requieren acompañamiento para utilizar estas herramientas.
El cuarto núcleo estuvo relacionado con las barreras educativas e institucionales. Las mesas señalaron la necesidad de fortalecer la formación de docentes, garantizar ajustes razonables y extender los procesos de inclusión desde la primera infancia hasta la educación superior y la formación para el trabajo. También advirtieron que los apoyos varían entre instituciones y que, en muchos casos, dependen de la voluntad de personas o equipos particulares.
El quinto concentró las barreras laborales, económicas y del cuidado. Las personas participantes cuestionaron que la vinculación laboral continúe limitada por estereotipos o se piense solo desde los beneficios tributarios para las empresas. También reclamaron empleos dignos, apoyos para las familias y personas cuidadoras, atención a la salud mental y condiciones que favorezcan la autonomía.
Sebastián Gutiérrez, estudiante de Psicología, intervino en Lengua de Señas Colombiana para llamar la atención sobre las barreras comunicativas y las percepciones que todavía persisten alrededor de las personas sordas.
“En el caso de las personas sordas, nuestra primera lengua es la Lengua de Señas Colombiana; tenemos una cultura propia y nuestro idioma. La pérdida de la audición no significa que no tengamos habilidades, destrezas y capacidades. No somos ‘pobrecitos’; somos seres humanos como ustedes y necesitamos que también se esfuercen por comunicarse con nosotros. Debemos quitar esa barrera mental que afecta la forma como las personas oyentes interactúan con nosotros y avanzar hacia una sociedad más unida y con igualdad de derechos”, manifestó.
Las voces quedarán incorporadas en la política
Las reflexiones y propuestas recogidas durante el encuentro serán sistematizadas e incorporadas al documento general que sustenta la actualización de la Política Pública de Discapacidad de Antioquia.
“Esto que ustedes nos acaban de compartir son consideraciones que se integran al documento macro de actualización de la política; es decir, sus voces quedan incluidas. Por eso también es muy importante diligenciar el cuestionario, para que cada persona pueda ampliar: ‘pasa esto, queremos esto y esta puede ser la alternativa’”, concluyó Diana Patricia Salinas Arango.
La conversación continúa abierta para quienes quieran aportar sus experiencias, identificar barreras o proponer alternativas. La ciudadanía puede participar diligenciando el formulario Instrumento de Recolección de Información Primaria para la Actualización de la Política Pública Departamental de Discapacidad.
