Pasan los días y una nueva preocupación toma mayor fuerza en Venezuela, al aumentar el número de víctimas mortales se dificultad cada vez más las labores de identificación, preservación y entrega de los cuerpos de las personas fallecidas en los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país hermano, el 24 de junio de 2026, una de las mayores emergencias humanitarias de su historia reciente.
El doblete sísmico, de magnitud 7,2 y 7,5, afectó principalmente a La Guaira, con graves daños también en Caracas y en otros cuatro estados; su poca profundidad lo hizo el más mortífero que ha vivido en el último siglo. De acuerdo con el balance oficial más reciente, con fecha del 1 de julio, la cifra de víctimas mortales asciende a 2.295 personas, han sido rescatadas 6.461, mientras que 11.267 han resultado heridas, 12.841 personas están damnificadas y miles de familias permanecen afectadas por el colapso de viviendas e infraestructura, de acuerdo con cifras oficiales 189 edificios colapsaron y cerca de mil quedaron dañados, aunque se estima que la cifra es mucho mayor.
En medio de las 782 réplicas presentadas hasta la fecha, los cuerpos de socorristas y personal de ayuda humanitaria, de 27 países, adelantan las labores de búsqueda y rescate. Igualmente, los equipos de medicina legal y criminalística enfrentan un reto tan complejo como silencioso: recuperar, preservar e identificar de manera científica los cuerpos de las víctimas, una tarea que exige protocolos rigurosos para garantizar la dignidad de los fallecidos, brindar certeza a sus familias y evitar que el caos propio de una catástrofe comprometa procesos fundamentales de identificación. Esta es una de las labores más difíciles por los obstáculos en el rescate, la dimensión de las afectaciones, el clima, entre otros factores que perjudican estas tareas.
El panorama es desolador en Los Silos del Puerto de La Guaira, un complejo industrial al lado del mar, a la orilla de la Avenida Soublette, que se convirtió en la última semana en punto de identificación y una de las morgues improvisadas, con cientos de ataúdes apilados.
Se establecieron estos puntos ante el colapso de los servicios forenses. Familias enteras hacen filas en los sitios establecidos en La Guaira y Caracas, llenando, por ejemplo, la entrada y alrededores del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en la capital. Aunque el panorama es caótico, se puede decir que el personal sanitario habla de que a este punto llegan hasta 80 cuerpos diarios.
En la zona del desastre, las familias cuentan que la descomposición es sumamente acelerada y han denunciado en los medios de comunicación asuntos procedimentales y demoras en el manejo y entrega de sus seres queridos.
Germán Antía Montoya, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses del TdeA Institución Universitaria y una de voces referenciadas en Colombia en esta materia, ofrece una visión que suma a la comprensión del panorama vivido en el país hermano.
Para comenzar, explica que, contrario a un mito ampliamente difundido en esta tragedia, los cadáveres de personas fallecidas en desastres naturales no constituyen una fuente importante de epidemias, tal como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud. Tampoco el foco de atención está en determinar las causas de la muerte.
Antía Montoya también desmiente uno de los rumores que suele surgir después de este tipo de tragedias: el supuesto tráfico de órganos. Explica que los cuerpos recuperados varios días después de un desastre natural o aquellos que presentan múltiples traumatismos no reúnen las condiciones necesarias para la extracción de órganos destinados a trasplantes. Estos procedimientos, aclara, solo pueden realizarse en pacientes hospitalarios sometidos a estrictos protocolos médicos y de laboratorio, por lo que asegura que eso no es cierto. De otro lado, dice que “los cadáveres, de los cuales se extraen órganos para trasplante, están en hospitales y tienen una asistencia especial por parte de anestesiólogos, además, previamente se han hecho muchos exámenes de laboratorio para descartar enfermedades infectocontagiosas”.
Entonces, el experto establece que el mayor desafío sanitario y forense radica en la adecuada recuperación, identificación y conservación. El docente señala que, en una emergencia de estas características, los organismos de criminalística y medicina legal deben activar protocolos especiales para el manejo de cuerpos en situaciones de desastre: “Lo que más interesa con estos cadáveres es la identificación fehaciente”, afirma. Para lograrlo, una de las principales herramientas es la necrodactilia, la información obtenida es comparada con las bases de datos oficiales de huellas dactilares del Estado, lo que permite confirmar la identidad con evidencia científica. Otras maneras de identificación son el registro fotográfico, la carta dental y, cuando las circunstancias lo requieren, las pruebas de ADN. Esto evita errores derivados de la identificación indiciaria, es decir, del reconocimiento basado únicamente en la ropa, pertenencias u otras características físicas.
El profesor advierte, además, que la respuesta institucional debe contemplar capacidades logísticas suficientes para conservar adecuadamente los cuerpos mientras se desarrolla el proceso de identificación. Entre las medidas necesarias menciona la instalación de morgues temporales y contenedores refrigerados, similares a los utilizados durante la pandemia de COVID-19, que permitan preservar la evidencia y dar tiempo a las familias para realizar el reconocimiento.
“Sería muy lamentable la situación si se replica en Venezuela lo que pasó con el terremoto de Haití”, toma este caso para ejemplificar las consecuencias de no aplicar los protocolos. En ese desastre natural, recordado por Antía Montoya, numerosos cuerpos fueron acumulados sin un manejo adecuado y posteriormente cremados, a razón de los malos olores, pero impidiendo cualquier posibilidad de identificación futura. “No quedó ninguna evidencia de cadáveres, carta dental o alguna muestra de ADN para hacer algún cotejo en el futuro”, puntualiza el profesor, quien insiste en que, incluso en medio de la tragedia, preservar la identidad de las víctimas constituye una obligación científica, jurídica y, sobre todo, profundamente humanitaria.
Pues, más allá del componente técnico, el especialista destaca el profundo significado humano de estos procedimientos. Tras un desastre de esta magnitud, la población enfrenta situaciones de estrés postraumático y la recuperación e identificación de los cuerpos permite a las familias iniciar el proceso de duelo, despedir dignamente a sus seres queridos y contar con un lugar donde preservar su memoria. “Como dicen muchas constituciones en el mundo, la tumba es en donde la familia se pone en contacto con su muerto”, concluye.
Foto: National Geografic, 2026
https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/terremoto-venezuela_28722
