Con la implementación de la Resolución 667 de agosto de 2018, que dispuso que el Departamento Administrativo de la Función Pública, se adoptara el catálogo de normas de competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de las entidades públicas.

Esta medida cobija a todas las entidades del orden nacional y territorial a las que aplica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Según anunció el director de Empleo Público Francisco Camargo Salas, el incremento de participación de la mujer en cargos de máximo nivel decisorio, representa un 3% y en otros niveles decisorios, representa un 4% esto en referencia frente al 2016. Esto es de gran apoyo a la iniciativa en la equidad de género.

Los principales cambios en la reglamentación sobre los mecanismos de participación ciudadana, la responsabilidad de las entidades públicas y la institucionalidad que se crea para proteger este derecho, así como la regulación sobre la rendición de cuentas y el control social son las temáticas que se explican en el ABC de la Ley 1757 de 2015 elaborado por Función Pública.