El río, el mar, las especies, el suelo, el aire, la tierra, los ecosistemas en suma, son considerados los nuevos sujetos de protección de derecho.
Las sentencias y disposiciones admiten la intervención punitiva del Estado en los casos más graves. Es claro que nuestra subsistencia como especie se encuentra indiscutiblemente ligada al destino del medio ambiente, por esto se debe asumir un rol activo que compete a todos, solo por ser habitantes del planeta. Son algunas de las ideas principales que recogen lo argumentado por el magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien estuvo a cargo de la conferencia magistral que dio apertura a la XIX Semana del Derecho y la Criminalística en el TdeA.
Destacó al inicio de su conferencia la importancia de los encuentros académicos alrededor del tema para reforzar la consciencia colectiva y la visibilización de la necesidad de realizar ingentes esfuerzos para revertir la acción del ser humano en el planeta, cuyo desarrollo como especie se ha materializado en un contexto agresivo y devastador de extracción minera descontrolada, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, envenenamiento de mares, extinción de especies animales y vegetales, despojo sistemático de los recursos, que están llevando a un colapso ecológico.
“En este contexto, conforme se desprende lo previsto en los artículos 8, 79, 80, 81 y 366 de la Carta Política de 1991, el constituyente fijó las bases programáticas de un Estado con vocación ecocéntrica, en el que subsecuentemente la salvaguarda de nuestro entorno biodiverso y de la inconmensurable riqueza natural del territorio nacional constituye un lineamiento transversal a todas las políticas públicas. Esta orientación, según lo ha destacado la Corte Constitucional, confiere al medio ambiente un preeminente estatus de interés superior. Reitero, el medio ambiente un preeminente de interés superior, cuya protección se expresa como principio, derecho y deber”, enfatizó el magistrado.
Mencionó algunas acciones emprendidas por la Corte para garantizar la protección del medio ambiente y la biodiversidad que lo habita: “La Corporación se ha pronunciado en torno a: uno, a la protección constitucional de los derechos al medio ambiente sano de las comunidades afrodescendientes asentadas en las inmediaciones de las riveras situadas entre Albania y el puerto de Santa Marta. Dos, la Amazonía colombiana como sujeto de derecho. Tres, la quema indiscriminada de los bosques, del manglar de Barranquilla y su condición como sujetos de derecho. Cuarto, el Parque Nacional Natural de los Nevados como sujeto de derecho. Los delitos de daños a los recursos naturales y contaminación ambiental. Sexto, el delito ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Todo esto lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia a través de nutridas sentencias”.
Resaltó que las acciones por el medio ambiente desde la Corporación son muestra de la adaptación a las necesidades actuales, determinando lineamientos y límites, precisando la naturaleza de los delitos, conceptualizando asuntos como el ecocidio, considerando al juez como actor del equilibrio ambiental, entre otros ejercicios. “Constituyen una permanente evolución de la jurisprudencia de la Corte en su comprensión de los principios rectores de protección medioambiental”, señaló.
Este preámbulo dio paso a dos jornadas en las que se miró el tema desde diferentes ópticas: la protección que ofrece el Código Penal, la criminalidad ambiental y la geopolítica, el ecocidio y el camino hacia un nuevo contrato natural, la investigación criminalística del maltrato animal, las tecnologías forenses en la era del biocidio, entre otros temas abordados por doce conferencistas provenientes de España, El Salvador, Ecuador y Colombia. Conversaciones asentadas al contexto colombiano y regional latinoamericano, donde se revisaron los instrumentos protectores, la acción desde lo jurídico y penal, los casos conflictivos, las dinámicas del mercado ilegal y el trabajo investigativo para ganarle a las mismas, los actores del conflicto y sus “reformas agrarias” ilegales, entre otros relevantes asuntos.
El rector del TdeA, Leonardo García Botero, se dirigió a los asistentes al evento, realizado los días 29 y 30 de octubre en el campus de Robledo. Destacó este espacio como necesario para la reflexión que impulse cambios en tiempos convulsos, con escenarios de conflicto y con tensiones políticas y diplomáticas, para repensarnos como especie. “Geopolítica y biocidio, ambos conceptos, aunque distintos, se entrelazan en las dinámicas de poder y el impacto humano en el planeta, hoy más que nunca necesitamos entender sus efectos”, aseguró que eventos de rigurosidad académica como este ayudan a ver las causas, implicaciones y la urgente necesidad de tomar acción e indicó que espera que esta conversación permita nuevos encuentros y puntos de análisis. Este espacio ha sido pensado por la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses desde hace 19 años. En 2024, se da en el marco de Conferencia de las Partes —COP16—, edición en la que Colombia es el anfitrión.