La protección de los recursos públicos es una responsabilidad compartida. Para contribuir a este propósito, el TdeA Institución Universitaria, la Contraloría General de Antioquia y la Contraloría Distrital de Medellín dieron inicio a dos diplomados: “Control Fiscal, Gestión de Recursos Públicos, Auditoría y Responsabilidad Fiscal” y “Veedurías Ciudadanas y Control Social a la Gestión Pública”, orientados a fortalecer los conocimientos y las capacidades de servidores públicos, profesionales y ciudadanos comprometidos con la transparencia y el control social.
Esta iniciativa constituye la primera acción formativa del convenio marco interadministrativo de cooperación suscrito el 28 de septiembre de 2026 por las tres entidades, con el propósito de sumar capacidades académicas, técnicas e institucionales para fortalecer la participación ciudadana, el control fiscal y la gestión pública.
“Como institución de educación superior de carácter público, entendemos que nuestras capacidades académicas, investigativas y de extensión deben contribuir a resolver necesidades de las comunidades. Por eso, esta alianza tiene un significado especial. Pone en diálogo la experiencia de los organismos de control con las capacidades de la academia y reconoce que la protección de los recursos públicos no es un asunto exclusivo de las instituciones responsables de vigilarlos. Es también una responsabilidad que compromete a la ciudadanía. De ahí la importancia de fortalecer los mecanismos que permiten a los ciudadanos conocer, observar y hacer seguimiento a la gestión pública”, resaltó el rector del TdeA, Leonardo García Botero, en la presentación de los diplomados, realizada el 13 de octubre en el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía de la Institución Universitaria.
Formación para una gestión pública más sólida
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, resaltó la importancia de preparar a los funcionarios públicos, pues explicó que los organismos de control enfrentan dificultades relacionadas con el conocimiento especializado que requieren los procedimientos de control fiscal, por lo que la formación puede contribuir a mejorar su desarrollo, fortalecer las garantías del debido proceso y favorecer la búsqueda de la verdad.
También destacó que las veedurías ciudadanas deben contar con herramientas técnicas para presentar denuncias sustentadas, identificar hechos concretos y aportar evidencias pertinentes. “No puede haber un órgano de control valioso si no está apoyado en las veedurías ciudadanas. Siempre hemos entendido que son nuestras principales aliadas. Capacitarlas y convencerlas en la bondad del control es un tema supremamente importante”, señaló.
Por su parte, la contralora distrital de Medellín, Paula Andrea Ortega Escobar, subrayó que el cumplimiento de la misión constitucional de los organismos de control requiere una ciudadanía informada y capacitada, capaz de complementar su labor mediante un ejercicio responsable de vigilancia: “Las contralorías territoriales tenemos un mandato legal y constitucional: deben trabajar de manera armónica con el control social. Es fundamental, para poder cumplir con esta misión, tener ciudadanos informados, capacitados, que sepan cómo retroalimentar ese control que, como contralorías, hacemos. Señor rector, usted nos está acompañando a hacer historia en este país porque somos las primeras contralorías territoriales que hacemos unos diplomados que tienen una convocatoria tan alta, con ciudadanos y servidores públicos ”.
La funcionaria hizo énfasis en que la formación no está dirigida únicamente a los veedores. Los servidores públicos también necesitan conocer los procedimientos de responsabilidad fiscal y las herramientas jurídicas relacionadas con sus funciones. Asimismo, señaló que esta preparación resulta valiosa para estudiantes y profesionales del derecho que, en su ejercicio laboral, pueden encontrarse con este tipo de procesos.
Dos diplomados, un propósito compartido
En un segundo momento, la directora de Extensión Académica del TdeA, Bertha Cecilia Rosero Melo, presentó los contenidos y objetivos de los programas, que integran componentes teóricos y prácticos para facilitar la apropiación de conocimientos aplicables a la gestión pública y al control social.
El primero, Diplomado en Control Fiscal, Gestión de Recursos Públicos, Auditoría y Responsabilidad Fiscal tiene por objetivo desarrollar habilidades para analizar el uso de los recursos públicos, identificar posibles responsabilidades fiscales y aplicar las normas y garantías correspondientes a estos procedimientos.
Su estructura curricular comprende ocho módulos: Fundamentos constitucionales y organización del control fiscal; Gestión de recursos públicos y riesgos fiscales; Auditoría gubernamental y evaluación de la gestión; Hallazgos, daño patrimonial y análisis probatorio; Responsabilidad fiscal y procedimientos; Defensa, control judicial y recuperación de recursos; Prevención, integridad y participación ciudadana; y Laboratorio integral de control fiscal.
El segundo, Diplomado en Veedurías Ciudadanas y Control Social a la Gestión Pública desarrolla habilidades para vigilar la gestión pública, planear acciones de control, solicitar y analizar información, elaborar informes y presentar evidencias ante las autoridades competentes.
Sus ocho módulos son: Fundamentos constitucionales y de control social; Constitución y funcionamiento de las veedurías ciudadanas; Gestión pública, presupuesto e indicadores; Derecho de petición, información y herramientas digitales; Contratación pública y supervisión contractual; Metodologías, informes y actuaciones; Ética, autonomía y seguridad de datos.; y Laboratorio sectorial y sustentación.
Ambos programas inician el 20 de octubre y tienen una duración de 120 horas: 80 sincrónicas y 40 de trabajo independiente, se desarrollan en modalidad virtual y contemplan ejercicios prácticos para acercar a los participantes a situaciones relacionadas con sus campos de formación.
Así, la cooperación entre el TdeA y las Contralorías de Antioquia y Medellín abre un camino para consolidar capacidades institucionales y ciudadanas alrededor de un objetivo común: cuidar los recursos que pertenecen a todos y contribuir a que su administración se traduzca en bienestar colectivo, transparencia y confianza en las instituciones.
